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¿Es posible que se le niegue la visita a un padre que no cumpla con su obligación de pensión de alimentos?

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Es bien sabido para todos que la separación tras un divorcio no es nada fácil. Si bien resulta un tanto complicado y tedioso para los ex cónyuges ponerse de acuerdo con lo que respecta a la repartición de los bienes de la comunidad conyugal, mucho más complicado resulta en la práctica ponerse de acuerdo en lo que respecta a la pensión de alimentos. Es importante señalar que la pensión de alimentos es un deber inherente al ejercicio de la patria potestad y constituye un derecho inalienable de los menores.

La convención internacional de los derechos humanos, establece el derecho a la alimentación como un derecho de cada niño, niña y/o adolescente y es menester del estado velar porque se cumpla el ejercicio de este derecho.

¿De dónde nace la obligación de la pensión de alimentos?

La obligación de velar por el cumplimiento del derecho de alimentación de los niños nace de instrumentos legales internacionales tales como las convenciones internacionales que consagran los derechos del niños, niñas y adolescentes, además de las legislaciones locales de cada país; tal es el caso de nuestro país, donde el Código Civil español establece que los padres tienen el deber fundamental de velar por las necesidades de sus hijos menores de edad no emancipados y en tales efectos uno de esos deberes inherentes a la patria potestad es la obligación de alimentarlos.

Se hace menester entonces que citemos lo establecido en el articulado del mencionado instrumento normativo: “Los hijos no emancipados están bajo la patria potestad de los progenitores. La patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental.

Es tanta la importancia que devela la obligación del pago de alimentos, que la falta de cumplimiento o impago de las cuotas respectivas podría conducir a el ejercicio del derecho de solicitar una acción penal por los afectados (bien sea la madre o tutor a cargo del menor), a tales efectos establece nuestro código penal lo siguiente:

El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de 6 a 24 meses.”

Sin embargo, en este tema nos interesa revisar la relación que existe entre el impago de la pensión de alimentación y el régimen de visitas, ya que la misma es una pregunta a la que recuren muchas veces nuestros clientes, quienes les interesa saber si pueden utilizar ese medio de coacción hasta tanto el padre no custodio haga efectiva en términos de ejecución el pago de la pensión de alimentos correspondiente.

Una vez que los padres acuerdan en el escrito de separación cual será el régimen de convivencia con respecto a los hijos menores de edad y lo relativo a lo que el padre que no se encuentra en convivencia con el menor debe pagar para sufragar los gastos de alimentación, ambos padres deben cumplir de forma fehaciente lo que se ha establecido en el acuerdo fijado por el tribunal; ¿Qué queremos decir con esto? Que ni el progenitor que no se encuentra en convivencia con el menor puede dejar de cumplir con su obligación alimenticia, ni mucho menos, el progenitor que, si se encuentra en convivencia con el niño, puede presionar o coaccionar al otro progenitor mediante la prohibición del régimen de visitas o de convivencia familiar, para que cumpla con la obligación de pensión.

¿Cuáles son las alternativas legales para obtener el pago de las cuotas impagas de pensión de alimentos?

Para ponernos en contexto, es importante conocer cuáles son los medios legales a los que se puede recurrir para obtener el pago satisfactorio de las cuotas correspondientes a la pensión de alimentos – entendiendo, que la prohibición de visitas no constituye una de ellas, por el contrario, estaríamos acudiendo a una medida arbitraria y por demás ilegal, de las cual podríamos terminar siendo objeto de alguna acción legal en nuestra contra.

La reclamación por falta de pagos de la pensión de alimentos, es una reclamación del tipo penal, es decir, que constituye un delito y es penado legalmente con prisión y la obligación del pago de las cuotas adeudadas.

¿Quién se encuentra facultado para incoar la acción?

Es necesario que el progenitor que se encuentra en convivencia con el menor o aquel que está sufriendo la carencia, producto de la falta de pagos haga la denuncia, según lo previsto en el Código Penal: “Sólo se perseguirán previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal”. Siempre y cuando hayan transcurrido dos meses desde que ha comenzado la falta de pagos.

Es decir, que uno de los requisitos es que se haya fallado durante dos meses en el pago de la pensión.

¿El menor de edad puede hacer la denuncia?

Si, de acuerdo a lo establecido en el código penal, queda salvo el caso de la denuncia que debe realizar el menor de edad, cuando se ve imposibilitado para realizarla, y es por ello que nuestro código penal establece que “Cuando aquélla sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal”

Relación de la pensión de alimentos con la patria potestad

Recordemos nuevamente que la obligación de alimentos es conexa con la patria potestad, es allí donde radica la importancia de cumplir con la misma, ya que el progenitor que no lo haga, aquel que deje de pagar durante dos meses consecutivos o 4 cuotas no consecutivas está incurriendo en delito de privación de alimentos.

Es por ello, que, en nuestro bufete legal, te aconsejamos que consigas una buena asesoría legal para evitar cometer en un delito que pueda resultar prejuicioso para ti y que te guie para incoar las acciones legales pertinentes para solventar la situación.

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