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EFECTOS DEL DECRETO DEL COVID 19 SOBRE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

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Explicación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Ambito de aplicación

Para poder aplicar los beneficios de este Real Decreto deben de reunir dos requisitos:

  1. Recae sobre un Préstamo Hipotecario para la adquisición de una vivienda habitual.
  2. Se encuentren los prestatarios y /o fiadores en situaciones de especial vulnerabilidad.
  1. DEFINICIÓN LEGAL DE ESPECIAL VULNERABILIDAD

A)Que el deudor hipotecario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas.

B) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:

  1. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM).

IPREM = 537,84 €, requisito: menos de 1.611 euros

2. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.

  • 0,1 veces el IPREM (53,78 euros).
  • 0,15 veces el IPREM (80,6€) por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.

    3. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

    4. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.
  • 4 veces el IPREM, (2.151 euros).

    5. En el caso de que el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cinco veces el IPREM.

    C) Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

    D) Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, en los términos que se definen en el punto siguiente.

A los efectos de lo previsto en este artículo se entenderá:

  1. Que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.
  2. Que se ha producido una caída sustancial de las ventas cuando esta caída sea al menos del 40 %.
  3. Por unidad familiar se entiende la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.

2. ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS

La Ley exige que las situaciones se acrediten de la siguiente forma:


A) En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

B) En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado. 

C)Número de personas que habitan la vivienda:

  1. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
  2.  Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
  3.  Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.


    D)  Titularidad de los bienes:
    • Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

      2. Escrituras de compraventa de la vivienda y de concesión del préstamo con garantía hipotecaria.


      E) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este real decreto-ley.


      3. PROCEDIMIENTO Y EFECTOS

Hasta 15 días después de la vigencia del Real Decreto podrán los  deudores solicitar la moratoria acompañada con la documentación indicada anteriormente, debiendo la entidad financiera implementarlo en el plazo de 15 días desde la petición.

La petición produce los siguientes EFECTOS

  • Moratoria en el pago de la hipoteca (deber de la entidad de comunicarlo al Banco de España y a no imputarla al cómputo de provisiones de riesgo).
  • Suspensión de la deuda.
  • Inaplicación de la cláusula de vencimiento.
  • Imposibilidad de reclamar cualquier cantidad por cualquier concepto.
  • No devengo de intereses ordinarios ni moratorios.

En caso de fiadores podrán exigir la no aplicación del beneficio de excusión, es decir que el acreedor se dirija primero al patrimonio de los obligados principales.
Y en el caso de que un deudor se beneficie indebidamente de estos beneficios, será responsables de los daños, perjuicios y gastos ocasionado por esta indebida aplicación de este beneficio.

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