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Titularidad y uso público de las costas españolas

Desde la década de los sesenta del siglo pasado, la doctrina y la jurisprudencia han intentado generalizar el criterio de que tanto la titularidad como el uso del litoral han de ser públicos. Esto supone oponerse a los “enclaves de propiedad privada” y a las privatizaciones de facto, a través de concesiones o autorizaciones demaniales que se convertían en derecho de propiedad a través de su inscripción en el Registro de la Propiedad.

La Ley 28/1969, de 26 de Abril, estaba inspirada en las tendencias demanialistas expresadas por el Consejo de Estado en su dictamen de 11 de Julio de 1963. Sin embargo, el paso por las Cortes del Proyecto de Ley supuso la introducción de modificaciones tendentes a respetar los derechos adquiridos por los particulares.

El artículo 132-2 de la Constitución de 1978 dio un paso definitivo, al considerar que en todo caso son bienes de dominio público estatal la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.

Pero la realidad es que en 1988, cuando se elaboró la Ley 22/1988, de Costas, vigente en la actualidad, seguían existiendo en España espacios privativos en las costas, bien como “enclaves” protegidos por el Registro de la Propiedad o por Sentencia firme, bien situaciones de privatizaciones de facto. La Ley optó entonces por un remedio transitorio: Titularidad pública inmediata, pero uso público diferido, estableciendo mecanismos que permitían respetar temporalmente la exclusión del uso público general mediante usos privados excluyentes.

La Ley 2/2013, de 29 de Mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas, no ha supuesto un retroceso en la proclamación de la titularidad pública de las costas (porque no podía serlo, dado el texto del artículo 132-2 de la Constitución), pero, en términos generales, sí que ha supuesto una ampliación de los plazos para el uso privativo de las costas en aquellos espacios sobre los que se ostenta un derecho real administrativo o un derecho de propiedad incompatible con el dominio público.

Se difiere, pues, la consecución de la aspiración del uso público general de las costas, pero se otorga mayor seguridad jurídica a los particulares.

Los abogados de Murcia del Despacho Calero en defensa de los expropiados por el oleoducto.

Los abogados de Murcia del Despacho Calero han impugnado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del T.S.J. de Murcia, varias Resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación.

Se ha alegado que, en caso de expropiación para la imposición de una servidumbre de paso de oleoducto, el justiprecio debe comprender no sólo el valor del terreno ocupado por la servidumbre (aunque el oleoducto vaya enterrado), sino también el importe del deterioro o pérdida de valor que experimenta la totalidad de la finca, pues en el mercado no vale lo mismo una finca cruzada por un oleoducto, que otra libre de servidumbre.

Despacho Calero gana pleito al consorcio de compensación de seguros sobre indemnización derivada de los efectos del terremoto de Lorca.

DESPACHO CALERO obtiene Sentencia favorable a favor de una afectada por el terremoto de Lorca, dictada en fecha 3 de septiembre de 2015 por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, que confirma la Sentencia 51/2015 dictada en fecha 18 de marzo  por el Juzgado de Primera Instancia de Murcia. La interesada ha sido defendida por la letrada del despacho Dña. Purificación García Perea.

Los presupuestos fácticos del proceso consistían en que la afectada tenía suscrita una póliza de daños con una compañía de seguros, por el siniestro de ruina total, en la que se incluía el recargo obligatorio a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.

 

Producido el terremoto de Lorca, de 11 de Mayo de 2011, la asegurada requirió al seguro el importe del siniestro total, puesto que el Ayuntamiento de Lorca había procedido a la declaración de “ruina inminente por colapso estructural”, y  al posterior derribo del edificio siniestrado. El importe del valor de garantía del siniestro total ascendía a la cantidad de  753.338 €, según la póliza de seguro contratada.

 

La compañía de seguros la remitió al Consorcio de Compensación de Seguros, puesto que el siniestro derivaba de un riesgo extraordinario. El Consorcio de Compensación de Seguros abrió el correspondiente expediente, procedió a la inspección del solar, y requirió los documentos pertinentes a la afectada.

 

Transcurridos varios meses sin dar noticias, la afectada procedió a requerir notarialmente  al Consorcio el importe de la indemnización, que, con fecha 21 de Marzo de 2012,  procede a abonarle la cantidad de 72.320 Euros. No conforme con esta cantidad, la afectada interpuso  demanda contra el Consorcio de Compensación de Seguros, reclamándole la diferencia del valor de garantía por siniestro total, es decir, 681.018 €.

 

La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda, condenando al Consorcio al pago de dicha cantidad en concepto de parte no satisfecha de la indemnización por la pérdida sufrida en el edificio de su propiedad a causa del terremoto ocurrido en Lorca el 11 de Mayo de 2011, y al pago de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, sin  imposición de las costas procesales causadas en primera instancia.

 

El Consorcio de Compensación de Seguros interpuso recurso de apelación contra la referida Sentencia. Con fecha 3 de Septiembre de 2015, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, ha fallado a favor de la afectada, confirmando íntegramente la sentencia de instancia, y condenando al apelante a las costas de la segunda instancia.

 

 
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