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Doctrina del supremo sobre la caducidad de la acción de anulabilidad por error de los contratos bancarios. Novedosa interpretación del artículo 1.301 del Código Civil.

El artículo 1301 del Código Civil al regular el día a quo por el cual empezará a comenzar el plazo de caducidad señala que  “ La acción de nulidad sólo durará cuatro años. El plazo empezará a computar en los casos de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato”

Las Audiencias Provinciales han venido interpretando este artículo  declarando que el día a quo para iniciar el plazo de caducidad era en el momento de la  resolución del contrato ya fuera por mutuo acuerdo o por el transcurso del plazo indicado en el contrato.

Sin embargo el Tribunal Supremo ha corregido este criterio, indicando que el día a quo de inicio del plazo es el día “ …que se haya producido cualquier evento similar que permita la comprensión real de las características y riesgo del producto complejo adquirido por medio de un consentimiento viciado por el error”.

Para justificar este cambio ,el Tribunal Supremo indica que las normas han de interpretarse conforme a la realidad social del tiempo al que han de ser aplicadas, y atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de la norma. Además indica que un principio similar se encuentra recogido en los principios de Derecho europeo de los contratos ( artículo 4: 113)

Tal doctrina  ha sido  fijada por  el Alto Tribunal en las siguientes Sentencias:

            1º) Sentencia del Tribunal Supremo ( Sala de lo Civil) 769/2014 de 12 de enero.  En este caso el Supremo fijaba como día a quo  el día de la suspensión de beneficios o de devengo de intereses, o el de aplicación de medidas de instrumentos híbridos acordadas por el FROB.

            2º) Sentencia del Tribunal Supremo ( Sala de lo Civil) 376/2015 de 7 de julio. En esta Sentencia el Supremo fija como día a quo el día en que fue notificado por la entidad bancaria el hecho de que el bono estructurado había sido emitido por Lehman Brother y que  como consecuencia de la quiebra de esta entidad, el demandante había perdido su inversión

            3) Sentencia del Tribunal Supremo ( Sala de lo Civil) 489/2015 de 16 de septiembre .  En este supuesto al enjuiciar sobre la nulidad de la venta de una participaciones preferentes de un banco islandés fija como día a quo el día de la intervención de este banco por el Estado islandés , en diciembre de 2011.

En resumen, importante matización del Supremo respecto a esta cuestión que puede producir efectos importantes en los temas de swaps  o permuta financieras o cláusulas suelo, ya que aplicando esta doctrina se podría considerar como día a quo el momento en que los clientes empiezan a recibir liquidaciones negativas de las permutas financieras o cuando dejan de beneficiarse las bajadas del Euribor,  lo que se ha producido en la mayoría de los casos a finales del 2008 o en los primeros meses del 2009.

 

Descarga de Archivos:

Sentencia Supremo 769 2014 de 12 de enero

Sentencia Supremo 376 2015 de 7 de julio

Sentencia Supremo 489 2015 de 16 de septiembre

Resumen de la nueva regulación de las subastas Judiciales.

La Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, se orienta a la puesta en marcha de un sistema de subastas electrónicas a través de un portal único de subastas judiciales y administrativas en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, en el cual va a poder acceder y pujar cualquier persona con unos mínimos conocimientos informáticos.

En cuanto a los requisitos que hay que cumplir para poder participar en la subasta son:

 

1. Identificarse de forma suficiente: registrarse como usuario del portal de Subastas Judiciales utilizando un certificado electrónico o bien registrarse de modo presencial en las oficinas judiciales, donde se dará un login y contraseña. Para consultar a la información o bien para seguir en directo la celebración de la subasta no es necesario identificarse, según señala el portal de subastas electrónicas de la Región de Murcia.

2. Declaración de que se conocen las condiciones de la subasta.

3. Realizar consignación (depósito bancario) fijado para la subasta, en general el 5% del valor de tasación de los bienes. Se realizará por medios electrónicos y se regulará reglamentariamente en el plazo de tres meses. También las pujas que, además, se irán publicando sobre la marcha.

4. Acceder como usuario registrado y rellenar un formulario de acreditación de postor por Internet para la subasta.

 

En cuanto al desarrollo de la subasta, en la misma se admitirá pujas durante un plazo de 20 días naturales desde su apertura. La subasta no se cerrará hasta transcurrida una hora desde la realización de la última postura, aunque ello conlleve la ampliación del plazo inicial de 20 días por un máximo de 24 horas, según señala la Ley.

 

Aparte de al ejecutante, se va a permitir a los acreedores posteriores hacer postura reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero.

Al cierre de la subasta, el Portal de Subastas remitirá al Secretario judicial información certificada de la postura telemática que resulte vencedora,  y del resto de ofertas por orden decreciente de importe y de fecha en el caso de ser la oferta idéntica.

Terminada la subasta y recibida la información, el Secretario judicial dejará constancia, expresando el nombre de quienes hubieran participado y de las posturas que formularon.

Finalizada la subasta, se liberarán o devolverán las cantidades consignadas por los postores excepto lo que corresponda al mejor postor. Esa cantidad se reservará en depósito como garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de la venta.

Sin embargo, si los demás postores lo solicitan, también se mantendrá la reserva  consignadas  para que, si el vencedor no entregase en plazo el resto del precio, pueda adjudicarse el bien a los postores siguientes, en orden que quedaron.

Las comunicaciones y notificaciones también serán electrónicas entre el Portal de Subastas y los diversos intervinientes en el proceso, aunque con las garantías necesarias para el caso que el ciudadano carezca de los medios técnicos necesarios.

El Registrador de la Propiedad realizará las notificaciones y comunicaciones que le corresponda a los titulares registrales de derechos posteriores a la carga que se ejecuta, por su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», en vez de por medio del limitado tablón de anuncios del Registro.

Otras novedades son:

– Para las ejecuciones hipotecarias, la certificación será literal.

–El Procurador, facultado por el Secretario judicial podrá pedir la certificación también en ejecuciones hipotecarias.

– Las comunicaciones que realice, de ser infructuosas, supletoriamente las hará a través del BOE.

En cuanto a la hipoteca sobre establecimientos mercantiles se tendrá necesariamente por domicilio el local en que estuviere instalado el establecimiento y se especifica la necesidad de que se haya impagado al menos las cuotas de tres meses, con o sin vencimiento anticipado de todo el capital, y no sólo ha de constar en la escritura pública, sino que también ha de estar en el asiento respectivo. Importante también que el deudor podrá liberar la finca durante todo el desarrollo de la subasta (antes sólo hasta la apertura).

Y, para concluir, destacar que las subastas de los procedimientos iniciados antes del 15 de octubre de 2015, cuya publicación se haya acordado continuarán sustanciándose conforme a las normas procesales vigentes en la fecha de la presentación de la demanda. D. Tr. 1ª.

El BOE publica la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de Enero de Enjuiciamiento Civil.

El día 6 de octubre ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que entra en vigor al día siguiente de su publicación, con la salvedad de las previsiones relativas a la obligatoriedad de todos los profesionales de la justicia y órganos y oficinas judiciales y fiscales, que aún no lo hagan, de emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal en los términos de la ley procesal y de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2016, respecto de los procedimientos que se inicien a partir de esta fecha.

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El BOE publica la Ley 40/2015, de 1 de Octubre de régimen Jurídico del sector público.

El día 2 de octubre ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que entrará en vigor al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, a saber, el día 2 de octubre de 2016, con las siguientes excepciones: el punto cuatro de la disposición final quinta, de modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, los puntos uno a once de la disposición final novena, de modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y la disposición final decimosegunda, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas, que entrarán en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y el punto doce de la misma disposición final novena, que lo hará a los seis meses de la citada publicación en el Boletín Oficial del Estado.

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El BOE publica la Ley 39/2015, de 1 de Octubre del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas.

El día 2 de octubre ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que entrará en vigor al año de dicha publicación, a saber, el día 2 de octubre de 2016. No obstante, determinadas previsiones ­ cuestiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico­ producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley. La citada Ley deroga expresamente la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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