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La Verdad se hace eco de Sentencia favorable en materia de producto de inversión en un proceso defendido por Juan Ramón Calero García , Abogado del Despacho Calero

En Abril de 2008 se compró a través del Banco Bankinter unos bonos por una valor de 50.000 euros. Se demandó al banco para anular la compra de los mismos basándose en que la demandante no tenía conocimientos sobre los riesgos de realizar tal operación. Ahora la sentencia de la audiencia provincial desestima la demanda porque entiende que el agente vendedor del banco demandado era la pareja legal de la persona demandante. Considerando que la persona demandante estaba suficientemente informada por ello.

La Verdad se hace eco de Sentencia favorable en materia de producto de inversión en un proceso defendido por Juan Ramón Calero GarcíaAbogado del Despacho Calero.

 

 

 

 

Delito Tributario

En los juicios penales sobre delito tributario, es frecuente que se intente obtener la absolución alegando falta de dolo en el acusado, puesto que se dice que actuó según el asesoramiento de un tercero que se supone experto en Derecho fiscal.

La Sentencia número 35, del 24 de Mayo de 2017, de la Sala II del Tribunal Supremo, ha interpretado y aplicado el artículo 305 del Código Penal saliendo al paso de este tipo de alegaciones sobre la falta de dolo.

El alto Tribunal no discute la alta cualificación técnica de los asesores que diseñaron el comportamiento fiscal del acusado, “lo que no empece la eventual puesta en cuestión de la licitud de los criterios jurídicos de su intervención. Esta cualificación no remite inequívocamente a una voluntad de cívico comportamiento fiscal del acusado. La confianza que en aquellos puso éste es compatible con el propósito de garantizarse la información necesaria para obtener el mayor éxito posible en el designio.defraudador”. Incluso el T.S. concluye que “cuando el acusado acude al despacho profesional no es para que éste le informe sobre cual sea su obligación tributaria y cómo darle adecuado cumplimiento, sino para que le indiquen cómo lograr eludirlo, pues solamente desde este designio se comprenden los actos materialmente ejecutados por el acusado y que … realizan el elemento del tipo objetivo del delito”. Y hasta tal punto esto es así que el T.S. afirma que “ciertamente resulta difícil de comprender que los asesores a los que se acudió hayan sido excluidos de toda preocupación acusadora por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado. Pero tan insólita actitud de esas acusaciones no puede incrementar el indeseable resultado de añadir a tal eventual impunidad la del defraudador aquí acusado".

La Sentencia, en fin, distingue entre el elemento intelectivo del dolo, que consiste en el saber que se es sujeto pasivo del tributo y en saber que se realizan actos para eludir dicho deber; y el elemento volitivo, que consiste en querer lograr el resultado de impedir la efectividad de la recaudación del tributo. En el caso concreto enjuiciado, el dolo se “manifiesta esencialmente por la maquinación fraudulenta constituida por la interposición de un sujeto pasivo del impuesto diferente del real y en su ubicación en países extranjeros que, por su organización jurídica, favorece la ocultación de información a la Hacienda española".

El Tribunal, en todo caso, introduce una serie de prevenciones y cautelas sobre la llamada doctrina de la ignorancia deliberada que, como medio para presumir la existencia de dolo, pudiera infringir el principio de presunción de inocencia. 

 

 

 

 

 

Titularidad y uso público de las costas españolas

Desde la década de los sesenta del siglo pasado, la doctrina y la jurisprudencia han intentado generalizar el criterio de que tanto la titularidad como el uso del litoral han de ser públicos. Esto supone oponerse a los “enclaves de propiedad privada” y a las privatizaciones de facto, a través de concesiones o autorizaciones demaniales que se convertían en derecho de propiedad a través de su inscripción en el Registro de la Propiedad.

La Ley 28/1969, de 26 de Abril, estaba inspirada en las tendencias demanialistas expresadas por el Consejo de Estado en su dictamen de 11 de Julio de 1963. Sin embargo, el paso por las Cortes del Proyecto de Ley supuso la introducción de modificaciones tendentes a respetar los derechos adquiridos por los particulares.

El artículo 132-2 de la Constitución de 1978 dio un paso definitivo, al considerar que en todo caso son bienes de dominio público estatal la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.

Pero la realidad es que en 1988, cuando se elaboró la Ley 22/1988, de Costas, vigente en la actualidad, seguían existiendo en España espacios privativos en las costas, bien como “enclaves” protegidos por el Registro de la Propiedad o por Sentencia firme, bien situaciones de privatizaciones de facto. La Ley optó entonces por un remedio transitorio: Titularidad pública inmediata, pero uso público diferido, estableciendo mecanismos que permitían respetar temporalmente la exclusión del uso público general mediante usos privados excluyentes.

La Ley 2/2013, de 29 de Mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas, no ha supuesto un retroceso en la proclamación de la titularidad pública de las costas (porque no podía serlo, dado el texto del artículo 132-2 de la Constitución), pero, en términos generales, sí que ha supuesto una ampliación de los plazos para el uso privativo de las costas en aquellos espacios sobre los que se ostenta un derecho real administrativo o un derecho de propiedad incompatible con el dominio público.

Se difiere, pues, la consecución de la aspiración del uso público general de las costas, pero se otorga mayor seguridad jurídica a los particulares.

Los abogados de Murcia del Despacho Calero en defensa de los expropiados por el oleoducto.

Los abogados de Murcia del Despacho Calero han impugnado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del T.S.J. de Murcia, varias Resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación.

Se ha alegado que, en caso de expropiación para la imposición de una servidumbre de paso de oleoducto, el justiprecio debe comprender no sólo el valor del terreno ocupado por la servidumbre (aunque el oleoducto vaya enterrado), sino también el importe del deterioro o pérdida de valor que experimenta la totalidad de la finca, pues en el mercado no vale lo mismo una finca cruzada por un oleoducto, que otra libre de servidumbre.

 
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