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Cuatro décadas dedicadas a la abogacía

 

El jueves pasado, La Opinión de Murcia, nos dedicó una entrevista en su diario, a través de la cuál; nuestro Director Juan Ramón Calero hace un recorrido por estas cuatro décadas de entrega y dedicación a la profesión.

¡Aquí os dejamos con ella!

 

Cuatro décadas dedicadas a la abogacía han hecho del despacho Calero Abogados un referente en la defensa jurídica. Para su director, «la honradez y el trabajo diario son los dos valores fundamentales de un buen abogado». Este despacho en concreto representa desde hace 10 años a la Asociación de Afectados de Almería por el Forum Filatélico, que recientemente les ha entregado una placa por su dedicación a la defensa de sus intereses.

 

Más de 40 años al servicio de la defensa jurídica es, sin duda, una garantía de buen hacer. ¿Se lleva la abogacía en los genes?


El despacho lo fundó mi padre en el año 1976, en 1993 se incorporó mi madre. Yo me incorporé en 2005. La abogacía tiene un aspecto vocacional importante, y en mi familia lo he vivido. Mi madre también es abogada y mi hermano también está vinculado al mundo del Derecho. Mis padres nos transmitieron la pasión por el Derecho y la ética del trabajo.

 

Han sido distinguidos con el Premio de Ley al Derecho Concursal. ¿Qué ha supuesto para su despacho el reconocimiento? ¿En qué consisten estos galardones?

 

El Premio nos lo dieron el año pasado. Supone un reconocimiento a la labor realizada en esta materia. Este Despacho ha actuado desde 2005 en más de 1.000 concursos de acreedores, defendiendo los intereses de sus clientes. Es un Premio Nacional otorgado por una entidad independiente que distingue anualmente a los despachos más destacados en su especialidad.

 

¿En qué especialidades del derecho trabaja el despacho Calero Abogados? ¿Qué letrados lo conforman? ¿Qué especialidad tiene cada uno?

Es un Despacho multidisciplinar, pero especializado en prestar servicios de asistencia jurídica integral a entidades bancarias, aseguradores, empresas y a consumidores de productos financieros. Formamos un equipo de cuatro abogados:Juan Ramón Calero Rodríguez: abogado del Estado jubilado, ex diputado y portavoz nacional del Grupo Parlamentario del Partido Popular, autor de una monografía de referencia sobre 'El régimen jurídico de las costas españolas', especialista en Derecho Público y con gran bagaje y experiencia procesal.

Juan Ramón Calero García: Obtuvo premio nacional con la Universidad de Salamanca por un trabajo sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Opositor al Cuerpo de Abogado del Estado, superando el primer ejercicio en tres ocasiones. Y desde 2006, director del Despacho Calero, y Abogado de Organización de Bankinter para la zona de Alicante y Murcia.

Purificación García Perea: Licenciada en Derecho en la Universidad de Murcia, con nota media de sobresaliente. Durante años trabajó en el Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho, dando clases y preparando su tesis doctoral. Su actividad profesional se ha desarrollado en todas las jurisdicciones, aunque con especial atención al Derecho Matrimonial, Derecho de Arrendamientos Urbanos y a la responsabilidad extracontractual.

Natividad López Tortosa: Licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia. De 2005 a 2010 prepara oposiciones para el cuerpo de Secretarios Judiciales, aprobando 2 veces el primer examen. Desde abril de 2014 forma parte de elenco de abogados de Despacho Calero, asumiendo principalmente procedimientos de ejecuciones hipotecarias, ejecutivos, reclamaciones de cláusula suelo y gastos hipotecarios.

 

¿Qué ámbito de actuación cubren?


Prestamos servicios relacionados, sobre todo, con el derecho mercantil y bancario y en materia de delitos tributarios. También en materia de Derecho de Familia, de la que las letradas Purificación García Perea y Natividad López Tortosa tienen una intensa especialización y experiencia.

¿Qué aspectos contribuyen a forjarse un buen nombre en el mundo del Derecho?


No hay más secreto que la honradez y el trabajo diario. Siempre tiene que prevalecer el interés del cliente, y evitar de todas las maneras posibles que se judicialice el asunto. Soy un ferviente defensor de la labor mediadora que desempeñamos los abogados, en la mayoría de los casos es mejor un mal acuerdo que una buena sentencia.

 

La Justicia ¿es cara?


No es cara, una buena asistencia jurídica hace ganar mucho dinero a empresas y particulares. Y en relación a las responsabilidades que asumimos, sinceramente pienso, que los honorarios de un abogado son razonables. Sin duda, integrar un departamento jurídico interno o externo en las empresas supone un valor añadido para éstas, ya que el asesoramiento correcto jurídico hace evitar riesgos innecesarios, y evitar problemas judiciales en un futuro.

 

¿Qué opinan de la tendencia surgida de contratar servicios de abogado con una tarifa plana de una forma similar a la que se hace con los seguros médicos?


Me parece una práctica acertada. Nosotros ofrecemos a nuestros clientes, sobre todo empresas, la posibilidad de contratar una iguala mensual, y con ello ofrecemos un servicio integral de asesoramiento jurídico a empresas y particulares. Y de hecho, tenemos numerosos clientes que han elegido esta opción.

 

¿Cuáles son los casos más frecuentes atendidos por el Despacho Calero?


Como ya he indicado, estamos centrados en el derecho mercantil, bancario, en derecho de los consumidores, y en asesoramiento continuo a entidades bancarias, de seguros y a empresas. Últimamente, estamos llevando varios asuntos relativos a delitos tributarios, que es una rama en la que contamos con Juan Ramón Calero Rodríguez, uno de los mejores especialistas nacionales en esta materia. Especialmente orgulloso me siento de representar y seguir representado a la Asociación de Afectados de Almería por el tema Forum Filatélico, la cual es cliente del despacho hace 10 años. En reconocimiento a esta labor recibimos una placa de esta organización el pasado mes de diciembre por nuestro trabajo realizado en la defensa de sus intereses en la jurisdicción contenciosa, mercantil y penal.

 

¿Cuál es la asignatura pendiente del sector de la abogacía en España? ¿Y de la Justicia?

El sector de la abogacía está haciendo un ingente esfuerzo para adaptarse a la revolución digital y a los nuevos tiempos que demanda la sociedad. En mi opinión, todo ello debe ser compatible con un trato personalizado al cliente. Solamente en un cara a cara el abogado puede detectar las necesidades del cliente y la mejor forma de solucionar el problema. Hay que tener en cuenta los nuevos tiempos, pero no dejando de lado el trato personal, ya que es muy difícil que dos clientes tengan el mismo problema. Y en relación a la Justicia, en general el nivel de la Judicatura en este país es muy alto. El único problema a solucionar es el acortamiento de los plazos para resolver los asuntos, Se dice que una Justicia lenta no es Justicia. La única forma de solucionarlo es dotar de más medios económicos y materiales a los Juzgados. Una Justicia rápida y eficaz es un instrumento imprescindible para el correcto funcionamiento del país, y ayudaría a educar a empresas y particulares para que aceptaran las normas jurídicas sin necesidad de acudir a los Tribunales de Justicia.

 

Distinción. Premio de Ley en Derecho Concursal para Despacho Calero

Despacho Calero fue el ganador del Premio de Ley 2018 en Derecho Concursal. Este bufete tiene como ámbitos de actuación Murcia y Alicante, pero sus servicios se extienden a nivel nacional. Estos galardones reconocen en cada una de las categorías del Derecho, a los mejores despachos o profesionales de la abogacía española. El criterio para otorgarlos es la trayectoria del profesional o despacho, así como las características que le hacen diferenciarse del resto. También se tienen en cuenta la calidad del servicio que prestan y, cómo no, el prestigio en el entorno del Derecho. Calero ha estado presente en dos de los casos más mediáticos de España; Forum Filatélico y Martinsa Fadesa S.A.

 

 

Despacho Calero obtiene una Sentencia favorable contra el Ayuntamiento de Águilas y revoca la denegación de la autorización para realizar las obras en un edificio fuera de ordenación

La Sentencia 8/2019, de 18 de Enero, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Murcia,
en el P.O. 361/2017, estima el recurso contencioso administrativo interpuesto en defensa de su cliente por el
Despacho Calero contra el Ayuntamiento de Águilas (Murcia). Se impugnaba un acto administrativo que denegaba
la autorización para realizar obras en un bajo, por considerar el Ayuntamiento que el edificio estaba fuera de ordenación.

 

La Sentencia estima las alegaciones de la parte actora, y anula el acto administrativo impugnado, por considerar que tras
la entrada en vigor del artículo 112 de la Ley 13/2015, de 30 de Marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la
Región de Murcia, para que un edificio sea considerado “fuera de ordenación” ha de quedar identificado en el Plan. 

 

VER SENTENCIA

La Verdad se hace eco de Sentencia favorable en materia de producto de inversión en un proceso defendido por Juan Ramón Calero García , Abogado del Despacho Calero

En Abril de 2008 se compró a través del Banco Bankinter unos bonos por una valor de 50.000 euros. Se demandó al banco para anular la compra de los mismos basándose en que la demandante no tenía conocimientos sobre los riesgos de realizar tal operación. Ahora la sentencia de la audiencia provincial desestima la demanda porque entiende que el agente vendedor del banco demandado era la pareja legal de la persona demandante. Considerando que la persona demandante estaba suficientemente informada por ello.

La Verdad se hace eco de Sentencia favorable en materia de producto de inversión en un proceso defendido por Juan Ramón Calero GarcíaAbogado del Despacho Calero.

 

 

 

 

Delito Tributario

En los juicios penales sobre delito tributario, es frecuente que se intente obtener la absolución alegando falta de dolo en el acusado, puesto que se dice que actuó según el asesoramiento de un tercero que se supone experto en Derecho fiscal.

La Sentencia número 35, del 24 de Mayo de 2017, de la Sala II del Tribunal Supremo, ha interpretado y aplicado el artículo 305 del Código Penal saliendo al paso de este tipo de alegaciones sobre la falta de dolo.

El alto Tribunal no discute la alta cualificación técnica de los asesores que diseñaron el comportamiento fiscal del acusado, “lo que no empece la eventual puesta en cuestión de la licitud de los criterios jurídicos de su intervención. Esta cualificación no remite inequívocamente a una voluntad de cívico comportamiento fiscal del acusado. La confianza que en aquellos puso éste es compatible con el propósito de garantizarse la información necesaria para obtener el mayor éxito posible en el designio.defraudador”. Incluso el T.S. concluye que “cuando el acusado acude al despacho profesional no es para que éste le informe sobre cual sea su obligación tributaria y cómo darle adecuado cumplimiento, sino para que le indiquen cómo lograr eludirlo, pues solamente desde este designio se comprenden los actos materialmente ejecutados por el acusado y que … realizan el elemento del tipo objetivo del delito”. Y hasta tal punto esto es así que el T.S. afirma que “ciertamente resulta difícil de comprender que los asesores a los que se acudió hayan sido excluidos de toda preocupación acusadora por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado. Pero tan insólita actitud de esas acusaciones no puede incrementar el indeseable resultado de añadir a tal eventual impunidad la del defraudador aquí acusado".

La Sentencia, en fin, distingue entre el elemento intelectivo del dolo, que consiste en el saber que se es sujeto pasivo del tributo y en saber que se realizan actos para eludir dicho deber; y el elemento volitivo, que consiste en querer lograr el resultado de impedir la efectividad de la recaudación del tributo. En el caso concreto enjuiciado, el dolo se “manifiesta esencialmente por la maquinación fraudulenta constituida por la interposición de un sujeto pasivo del impuesto diferente del real y en su ubicación en países extranjeros que, por su organización jurídica, favorece la ocultación de información a la Hacienda española".

El Tribunal, en todo caso, introduce una serie de prevenciones y cautelas sobre la llamada doctrina de la ignorancia deliberada que, como medio para presumir la existencia de dolo, pudiera infringir el principio de presunción de inocencia. 

 

 

 

 

 

Titularidad y uso público de las costas españolas

Desde la década de los sesenta del siglo pasado, la doctrina y la jurisprudencia han intentado generalizar el criterio de que tanto la titularidad como el uso del litoral han de ser públicos. Esto supone oponerse a los “enclaves de propiedad privada” y a las privatizaciones de facto, a través de concesiones o autorizaciones demaniales que se convertían en derecho de propiedad a través de su inscripción en el Registro de la Propiedad.

La Ley 28/1969, de 26 de Abril, estaba inspirada en las tendencias demanialistas expresadas por el Consejo de Estado en su dictamen de 11 de Julio de 1963. Sin embargo, el paso por las Cortes del Proyecto de Ley supuso la introducción de modificaciones tendentes a respetar los derechos adquiridos por los particulares.

El artículo 132-2 de la Constitución de 1978 dio un paso definitivo, al considerar que en todo caso son bienes de dominio público estatal la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.

Pero la realidad es que en 1988, cuando se elaboró la Ley 22/1988, de Costas, vigente en la actualidad, seguían existiendo en España espacios privativos en las costas, bien como “enclaves” protegidos por el Registro de la Propiedad o por Sentencia firme, bien situaciones de privatizaciones de facto. La Ley optó entonces por un remedio transitorio: Titularidad pública inmediata, pero uso público diferido, estableciendo mecanismos que permitían respetar temporalmente la exclusión del uso público general mediante usos privados excluyentes.

La Ley 2/2013, de 29 de Mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas, no ha supuesto un retroceso en la proclamación de la titularidad pública de las costas (porque no podía serlo, dado el texto del artículo 132-2 de la Constitución), pero, en términos generales, sí que ha supuesto una ampliación de los plazos para el uso privativo de las costas en aquellos espacios sobre los que se ostenta un derecho real administrativo o un derecho de propiedad incompatible con el dominio público.

Se difiere, pues, la consecución de la aspiración del uso público general de las costas, pero se otorga mayor seguridad jurídica a los particulares.

 
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